sábado, 19 de noviembre de 2016

El Parlamento británico aprueba una polémica ley de vigilancia informática

El Parlamento británico aprobó esta semana una serie de medidas que otorgan a la policía y los servicios de inteligencia poderes de vigilancia que algunos denuncian como los más extensos de cualquier democracia occidental.

La Ley de Poderes de Investigación permite, entre otras medidas, mantener la historia de navegación de los sitios web un año y autoriza el acceso a la misma por agencias de seguridad para facilitar sus investigaciones.

Edward Snowden, el exmiembro de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos, asegura que se trata de poderes "que superan los de muchas autocracias". "Gran Bretaña acaba de legalizar el sistema de vigilancia más extremo de la historia de la democracia occidental", tuiteó Snowden.

La ley es la principal actualización de las leyes de vigilancia británicas en los últimos 15 años y fue aprobada por la Cámara de los Lores. Sólo falta la ratificación por la reina Isabel para entrar en vigor.

La primera ministra británica, Theresa May, introdujo el proyecto de ley en marzo pasado, cuando era ministra del Interior, describiéndolo como una legislación "a la vanguardia mundial" que responde a los cambios en el mundo de las comunicaciones en línea.

Otorga un marco legal a poderes ya existentes aunque poco claros, como la intervención de computadoras y teléfonos móviles, al tiempo que introduce nuevas salvaguardas como la necesidad para un juez de autorizar los "pinchazos".

Los detractores del texto lo apodaron 'snooper's charter' ('la ley de los fisgones') y aseguran que al facilitar el acceso de las autoridades a correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto y actividad en línea, violan los derechos fundamentales a la privacidad.

La ONG Liberty impugnó la legislación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, alegando que es incompatible con la carta de derechos humanos. El fallo se espera para el año próximo.

"La adopción de la ley de los fisgones por el Parlamento es una triste noticia para la libertad británica", deploró la directora de esa ONG, Bella Sankey.

"Bajo pretexto de antiterrorismo, el Estado ha logrado obtener poderes de vigilancia al estilo totalitario, el sistema más intruso jamás impuesto a una democracia en la historia de la humanidad". "Posee la facultad de hackear, interceptar, registrar y monitorear las comunicaciones y el uso de internet de toda la población".

Jim Killock, director ejecutivo de Open Rights Group, advirtió que el impacto de la legislación va más allá de Gran Bretaña.

"Es posible que otros países, incluyendo regímenes autoritarios con pobre desempeño en materia de derechos humanos, usen esta ley para justificar sus propios poderes de vigilancia", dijo Killock. AFP.com

Londres defiende su ley de Poderes de Investigación pese a ser criticada por la ONU (marzo 2016)

- La ONU dice que el Reino Unido va contra el derecho a la privacidad
- La batalla legal de Apple contra el gobierno de Estados Unidos: ¿Proteger la seguridad o los derechos humanos?

¿Quién y para qué deben tener acceso a intervenir teléfonos y ordenadores de ciudadanos? Estos dos interrogantes parecen ser los que más tardan en cerrarse en la nueva ley de Poderes de Investigación que se debate en Reino Unido (Investigatory Powers Bill o IP Bill). La ministra de Interior, Theresa May, ha defendido el texto en la Cámara de los Comunes, a pesar de las críticas de la ONU, diciendo que "es necesario para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y la pedofilia online".
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La segunda lectura de la ley, con las últimas enmiendas incluidas, ha sido votada por 281 votos a favor y 15 en contra, pero este resultado no garantiza nada porque la mayoría de la oposición (Laborista y Partido Nacional Escocés) se ha abstenido en esta fase. Tanto en las filas del gobierno como en las laboristas hay voces disidentes de la línea oficial, por lo cual la aritmética parlamentaria final está en el aire. Los críticos de la IP Bill la llaman Snoopers' Charter (Carta de los Fisgones).

La ley obligará a las empresas a almacenar los datos (incluidos los clicks a todo tipo de dominios) de sus usuarios durante 12 meses. El gobierno otorgará poderes a la policía y a las agencias oficiales para que consigan órdenes judiciales que permitan acceder al historial comunicativo de los ciudadanos. La oposición quiere limitar estas competencias a la policía y las agencias de inteligencia o seguridad y excluir a otras como la Gambling Commission (Comisión del Juego) o Food Standards Agency (Agencia de Control Alimentario) que se incluyen ahora en la ley.

Uno de los puntos polémicos del texto prevé que las órdenes judiciales para acceder a teléfonos u ordenadores deberán ser emitidas "en el interés del bienestar económico de Reino Unido en cuanto es relevante a la seguridad nacional". Esta frase, y concretamente, "el bienestar económico relevante a la seguridad nacional" debe esclarecerse, según pide el laborista Andy Burnham. Otro de los puntos poco claros contempla la intervención de teléfonos y ordenadores si hay "inminente amenaza o daño serio a la vida, por ejemplo, que un individuo haya sido secuestrado o la policía busque a un menor o a una persona vulnerable". La frase genérica (inminente amenaza o daño serio a la vida) deberá modificarse.

Las conversaciones entre individuos y sus abogados, que hasta ahora son confidenciales por privilegio legal, están también en el punto de mira de la nueva ley de Poderes de Investigación (o de intervención) y podrían ser interceptadas si se fijan, o se modifican, las condiciones para ello. El periodo de validez de las órdenes judiciales para acceder a los datos de un teléfono u ordenador será de tres meses para los casos dentro de Reino Unido y de seis meses para los que se originan en el extranjero.

La ministra de Interior, Theresa May, ha defendido la ley diciendo que "las medidas son necesarias para mantener la seguridad pública y la privacidad individual". A modo de ejemplo, May ha dicho que si la policía o las agencias de seguridad investigan una banda de traficantes han de poder saber si han comprado billetes de avión, si han hecho transferencias de dinero o si han visitados mapas de lugares.

El grueso de la información a la que podrán acceder los servicios de seguridad consiste en los datos personales, las páginas web visitadas, los medios y redes sociales, las aplicaciones, etc. Otros de los puntos polémicos entre el gobierno y la oposición laborista que ha presentado nuevas enmiendas a la ley es la de limitar los nuevos poderes o competencias a "investigaciones serias". Catalogar la seriedad de una investigación es otro de los retos que está en el aire.

La ministra ha puesto énfasis en que los cuerpos de seguridad necesitan nuevos poderes para luchar contra el terrorismo y ha afirmado que se han abortado siete atentados terroristas en los últimos 18 meses en Reino Unido por el espionaje de los cuerpos de seguridad y la labor de la policía. El laborista Andy Burnham aduce que la ley debe balancear "la seguridad colectiva y la privacidad individual en la era digital".

La polémica por la nueva ley coincide en el tiempo por el debate sobre la privacidad que está teniendo lugar en Estados Unidos a raíz de la negativa de Apple a crear una "puerta trasera" para poder descifrar el iPhone de uno de los autores del atentado de San Bernardino. En este enfrentamiento entre el gobierno y las compañías tecnológicas, la ONU también pretende velar por la privacidad, dando la razón así a Apple. EL MUNDO

La ONU dice que el Reino Unido va contra el derecho a la privacidad

Joe Cannataci, encargado del derecho a la privacidad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), ha criticado la Ley de Poderes de Investigación (conocida como Investigatory Powers Bill o IP Bill) del Reino Unido diciendo que "va contra las recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia y Derechos Humanos de Europa y menosprecia el espíritu del derecho fundamental a la privacidad".

Para ilustrar la argumentación, Cannataci ha citado el caso de Max Schrems, conocido como el final del recientemente derogado acuerdo del Safe Harbor(puerto seguro) que firmaron la Unión Europea y Estados Unidos para compartir datos e información, por lo que permitía a las empresas norteamericanas operativas en Europa conseguir datos de ciudadanos europeos. El austriaco denunció a Facebook ante el tribunal europeo por no garantizar la seguridad de sus datos. Max Schrems obtuvo 1.200 páginas con la información que Facebook tenía sobre su persona.

A tenor de la ONU, algunos gobiernos, como el de Holanda, se protegen contra la intercepción de datos introduciendo la codificación de los mismos. Ante esto, el Gobierno británico ha contestado al aviso de la ONU diciendo lo siguiente: "Retrocederemos en las medidas desproporcionadas que puedan tener efectos negativos más allá de las fronteras de Reino Unido".
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La ley de Poderes de Investigación se está tramitando actualmente en las dos cámaras del Parlamento británico en las que se han recomendado un centenar de cambios al texto original. La ministra de Interior, Theresa May, ha declarado que "la mayoría de las recomendaciones de los comités han sido incluidas en la ley". Cómo quedará al final la citada ley, está aún por determinar, aunque Joe Cannataci ha comparado en alguna ocasión las leyes de privacidad y vigilancia británicas a un escenario "peor que en la novela 1984 de George Orwell".

La polémica por la nueva ley coincide en el tiempo por el debate sobre la privacidad que está teniendo lugar en Estados Unidos a raíz de la negativa de Apple a crear una "puerta trasera" para poder descifrar el iPhone de uno de los autores del atentado de San Bernardino. En este enfrentamiento entre el gobierno y las compañías tecnológicas, la ONU también pretende velar por la privacidad, dando la razón así a Apple. EL MUNDO